El Congreso rechaza alternativas a la regulación de la eutanasia
ADS. La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, continúa su tramitación parlamentaria una vez rechazadas por el Pleno las enmiendas de totalidad presentadas para regular y garantizar los cuidados paliativos en España.
La Cámara ha rechazado, con 143 votos a favor, 203 en contra y 2 abstenciones, la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular y con 143 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención la presentada por el Grupo Parlamentario Vox.
Con el rechazo de estas enmiendas, la Proposición de Ley continúa con su trámite parlamentario, que prosigue con el estudio por parte de la Ponencia y posteriormente en la Comisión de Justicia, donde se debatirán las enmiendas al articulado.
La enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Popular tenía como objeto “regular el ejercicio de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida y los deberes de los profesionales que atienden a pacientes que se encuentran en esta situación, así como las garantías para proteger la dignidad de la persona que las instituciones sanitarias y sociales estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso”.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox propone en su enmienda de totalidad con texto alternativo “garantizar el derecho a acceder a cuidados paliativos avanzados y de calidad cuando sean necesarios, y a que sean proporcionados por profesionales sanitarios debidamente cualificados, por lo que se establecen deberes de dicho personal, así como las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a proporcionar para asegurar la dignidad de la persona durante este proceso”.
La Fundación Jérôme Lejeune (FJL), en consonancia con los principios deontológicos de la asistencia médica, publica recientemente un artículo sobre la intención del Gobierno de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en clave social, bioética y jurídica (http://www.fundacionlejeune.es/)
Omisión de trámites fundamentales
En concreto “desde el punto de vista jurídico y político, la iniciativa se ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto de ley, lo que implica ahorrarse trámites e informes previos: Consejo de Estado, Asociaciones y Colegios Profesionales, Comité de Bioética, Consejo General del Poder Judicial, etc. (…). El modo, los tiempos, la ausencia total de oportunidad, no paralizar su procedimiento, etc., denotan por parte del gobierno el deseo de omitir un debate político indispensable”.
El artículo alude en sus conclusiones a la realidad social y asistencial que se vive en el sistema sanitario, en el que la petición de poner fin a la vida por parte del paciente, si se produce, lo es por el abandono y la falta de un sistema de cuidados paliativos que se viene reclamando desde instancias profesionales en incontables ocasiones.
Es oportuno -y muy necesario desde hace muchos años, como vienen exigiendo los expertos y las organizaciones de profesionales de la salud- la promulgación de una Ley de Cuidados Paliativos que ofrezca la protección necesaria a los pacientes en los últimos momentos de su vida, y la asistencia médico farmacéutica, social y psicológica pertinente para aminorar el dolor al enfermo y que no tenga verse obligado a solicitar a una solución extrema.
Desde ADS se viene informando que no está acreditado que la despenalización de la eutanasia tenga amplia demanda social -como esboza el Gobierno proponente-, ya que la Proposición de Ley se apoya en una encuesta del CIS realizada sobre una muestra de apenas tres mil ciudadanos seleccionados con un perfil sociológico determinante del resultado. El objeto de esa micro encuesta de opinión (2009, www.cis.es) fue interrogar sobre ‘La atención a pacientes con enfermedades en fase terminal”, aunque también se deslizó una pregunta final sobre la eutanasia y el suicidio asistido.