ADS. En ADS nº 279 / Marzo 2020 comenzamos a publicar las primeras sentencias resoluciones judiciales -Autos- que se pronuncian sobre las medidas cautelares solicitadas principalmente por sindicatos médicos para que la Administración suministrara a la mayor urgencia equipos de protección individual (EPI’s) frente a Covid 19.
Algunos Autos fueron favorables y otros denegatorios. Con posterioridad a estos Autos se están publicando las primeras sentencias al respecto.
La sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca condena al Servicio Aragonés de Salud, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y a la Diputación General de Aragón, en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, a proporcionar al personal sanitario (EPI’s) para hacer frente a Covid-19, en el momento en que disponga de ellos, en “todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Huesca”.
Se trata de la segunda condena de un Juzgado de lo Social al Gobierno de Aragón por este motivo. La primera sentencia condenatoria fue dictada por un juez de Teruel, que declaró que las autoridades habían vulnerado el derecho a la vida y a la salud de los sanitarios -y de los ciudadanos, por extensión- al no facilitar equipos de protección necesarios para evitar contagios de Covid-19.
El de Huesca se pronuncia en sentido similar en respuesta a reclamación presentada por el sindicato médico Fasamet. El juez interpreta que “ha existido lesión del derecho a la integridad física, íntimamente vinculado al derecho a la salud en los términos expuestos en la Jurisprudencia constitucional (…). “Era absolutamente necesario adoptar las medidas preventivas más exigentes, en un ámbito de protección de la salud pública, no sólo por el riesgo de que el personal sanitario se viera afectado por el virus sino por la propia incidencia en la propagación que tiene el que, el colectivo más expuesto por su profesión, no tuviera los medios necesarios para prevenir el contagio”, dice en la resolución el titular del Juzgado de Huesca.
“Es un hecho notorio que ha existido una situación de desabastecimiento de equipos y medios de protección para el personal sanitario en febrero y marzo (…)”, pero “desde finales de enero se puso de manifiesto que nos encontrábamos en un contexto de emergencia sanitaria internacional” y que a principios de febrero la OMS avisó para que se adquirieran equipos de protección personal para sanitarios, “lo que en el ámbito que nos encontramos, por cuestiones de salud pública, determinaba la obligación del empleador de situarse en una situación de prevención”.
Cita el Juzgado la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 220/2005) que declara que el derecho a la integridad física podría verse lesionado no solo por acciones, sino también por omisiones de los poderes públicos (…)”, así como la sentencia TC 62/2007, que expresa que “para apreciar la vulneración del art. 15 CE en esos casos no será preciso que la lesión de la integridad se haya consumado, lo que convertiría la tutela constitucional en una protección ineficaz ex post, bastando por el contrario que se acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse (…).
En consecuencia, dice el Juez de Huesca, “considero vulnerado el derecho a la salud/integridad física de los trabajadores sanitarios del ámbito de representación de FASAMET en el ámbito provincial de Huesca. Ello, porque no sólo la lesión del derecho a la salud, sino la mera puesta en peligro grave del mismo, debe de entenderse, según la doctrina constitucional aludida con anterioridad como una infracción al derecho a la integridad física con el que la salud se encuentra íntimamente conectado”. La sentencia del Juzgado es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Otras referencias de interés en ADS
ADS nº 281 / Mayo 2020. Cese inmediato de orden de reutilizar EPI’s frente a Covid en Servicio Vasco de Salud.
ADS nº 281 / Mayo 2020. Ratificación de aislamiento domiciliario obligatorio y absoluto por Covid 19.
ADS nº 281 / Mayo 2020. Orden de internamiento de paciente con Covid 19 que solicito el alta voluntaria.
ADS nº 281 / Mayo 2020. Las altas hospitalarias forzosas a domicilio versus derechos del paciente ante Covid 19.
ADS nº 281 / Mayo 2020. Comunicación de la Fiscalia del Supremo sobre medidas medicas forzosas ante Covid 19
ADS nº 280 / Abril 2020. Ratificación judicial de altas forzosas a domicilio para proteger a pacientes de Covid 19.
ADS nº 279 / Marzo 2020. Otros Tribunales deniegan medidas cautelarísimas de entrega de EPI’s en 24 horas.
ADS nº 279 / Marzo 2020. Sentencia del Tribunal Supremo que deniega la solicitud de medidas cautelarísimas instada por CESM para que se provea en 24 horas de equipos de protección individual frente a Covid en todos los centros y servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, en los públicos y también en los privados.
ADS nº 279 / Marzo 2020. Sentencias de Juzgados de lo Social de Segovia, León y Salamanca que estiman la solicitud de medidas cautelarísimas de entregue en 24 horas de equipos de protección individual en centros y servicios asistenciales tanto públicos como privados (ver págs. 302 y ss.).
ADS nº 198 / Noviembre 2012. Alta hospitalaria forzosa e internamiento involuntario.
ADS nº 198 / Noviembre 2012. Alta forzosa e internamiento involuntario, informe de la III Sesión del Foro Sanidad y Derecho, Curso 2012-2013.
ADS nº 186 / Octubre 2011. Texto y Análisis de la LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
ADS no 88 / Noviembre 2002. Texto y análisis de la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.
ADS nº 168 / Febrero 2010. VALENCIA. DECRETO 15/2010, de 15 de enero, del Consell, por el que se regula el Sistema de Información en Salud Publica.
Juzgado de lo Social Único de Huesca, 24 de junio de 2020. Sentencia nº 183/2020.
Procedimiento: Derechos fundamentales nº 235/2020.
Demandante: Fasamet.
Demandado: Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Diputación General de Aragón.
N. de la R. Sentencia no publicada al cierre de esta edición en CENDOJ.